Political quotes... Applying the past to the present

On the self-defense squads in Mexico:

"Forget big ideas about democracy and about how the electoral rules of the game will lead to improvement in people's every day lives. Forget aspirations that the embrace of liberalization will finally bring the resources and institutions to address problems of economic inequality and political polarization. Instead, growing numbers of citizens in Latin America are turning their attention away from formal politics and party-led solutions and looking for their own answers to the problems of insecurity in every life" (Oxhorn and Ducatenzeiler, 1998). 

On gay marriage ban (US/Mexico):

A bad one: "The day faggotry is institutionalized in the PAN, I am leaving (Diego F. Ceballos, 2002).

Manifestación contra la impunidad, o manifestación impune?
By Jose Angel Garcia
(The University of Sheffield)

Desafortunadamente, la idea de un derecho a la libre manifestación en México ha sido ya incorrectamente asociada a marchas, plantones y bloqueos, propiciando actos de vandalismo. Por qué mientras se manifiesta contra la impunidad se exige ahora dejar impunes los resultados de una manifestación vandálica? Read more

Manifestación contra la impunidad, o manifestación impune?

By José Ángel García

(The University of Sheffield)

Manifestación pacífica, marcha, plantones y bloqueos no son sinónimos. Desafortunadamente, la idea de un derecho a la libre manifestación en México ha sido ya incorrectamente asociada a dichas acciones, propiciando actos de vandalismo.

La Ciudad de México es, sino el semillero, el lugar por excelencia para la realización de marchas y manifestaciones. Desde asociaciones políticas, pasando por organizaciones de la sociedad civil, hasta grupos de ‘reggaetoneros’ hacen suyo el derecho de reunirse, marchar y protestar a lo largo del D.F. Y es que, es sumamente cierto; sin libertad de expresión, análisis, discusión y manifestación, ninguna sociedad puede avanzar para alcanzar el bien común.

Hablando específicamente del derecho a la manifestación, éste es un derecho que toda sociedad debe gozar; es una obligación de todo gobierno democrático y una garantía de buena gobernanza. Por ello, como lo hicieran por primera vez las constituciones belga de 1831 y la francesa de 1848, la ley Mexicana debe proteger, promover y garantizar el derecho de asociación, petición y manifestación de ideas por medios pacíficos. Ha sido gracias a manifestaciones que se han logrado cambios sociales importantes alrededor del mundo. Por ejemplo, la marcha por los derechos civiles en Washington en 1963 dónde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso ‘Tengo un sueño’ (“I have a dream” en inglés) o las manifestaciones para lograr el voto a las mujeres en Estados Unidos.

Sin embargo, el derecho a la manifestación no debe ser usado para justificar actos que atenten contra el estado de orden y paz públicos. Es muy cierto que en su artículo 9º  la Constitución Mexicana establece la libertad de asociación pacífica con un objeto lícito. Sin embargo, el artículo 6º de la propia Constitución menciona también que dicho derecho está sujeto a que no se ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Hablando de convenciones internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce el derecho de reunión, siempre y cuando éste se dé de forma pacífica, sin armas y sin alterar la seguridad y orden públicos.

Si consideramos lo anterior, el pasado Sábado fuimos testigos del movimiento #1Dmx, un movimiento que comenzó siendo pacífico pero que se convirtió o desintegró en una protesta violenta, fuera de control, usada en contra de propiedad pública y privada, y del orden público. La manifestación, que de acuerdo a algunos de los participantes se realizaba en contra de la impunidad en la ley electoral, inició como un movimiento de carácter pacífico alentado por asociaciones como la del movimiento #Yosoy132 y la Sección 22 de profesores de Oaxaca. Sin embargo, con el paso del tiempo, y dada la propia desorganización de la manifestación; individuos, actores y grupos de choque de fuera y dentro de #YoSoy132 hicieron -en palabras de Cesar Colín uno de sus representantes- uso de la violencia como método de discurso político.

A pesar de que la Asamblea integrante y organizadora de dicha ‘operación’ –como llamarón a la manifestación del día 1 de Diciembre– emita comunicados y llame a ruedas de prensa donde se deslinda de toda actividad ilícita o violenta en dicho día, el hecho de que ciertos participantes de dicha manifestación –miembros o no de #132– actuaron en hechos ilegales, es innegable. Con camiones incendiados, ataques a la autoridad, destrucción de cajeros automáticos, ataques a automovilistas y pintas a monumentos históricos entre otros daños, la actuación de los cuerpos policíacos no sólo era necesaria, sino demandable.

Muchos, principalmente los organizadores del movimiento y medios de comunicación afines a él, hablan ya de represión policial, de un operativo de seguridad torpe y de un uso de fuerza desproporcionado. Sin embargo, cual era entonces la respuesta que se esperaba por parte de las fuerzas del orden frente a tales hechos vandálicos? Como ciudadanos buscamos siempre la efectividad policiaca frente a un robo o cuando grupos del crimen organizado incendian tráileres y bloquean avenidas. Por qué entonces defender a quienes atacaron el orden público? Por qué mientras se manifiesta contra la impunidad se exige ahora dejar impunes los resultados de una manifestación vandálica? 

No se trata de ir en contra de organizaciones sociales, puesto esto sería condenable. Tampoco sería correcto decir que el desarrollo de manifestaciones organizadas por organizaciones sociales como #yosoy132 es el problema, pues es gracias a estos movimientos que existe una mayor diversidad de opiniones en lo que Habermas llama la esfera pública. El problema es la inherente desorganización de manifestaciones como la del #1Dmx, carentes de una claridad en sus objetivos, participantes, organización y fin último. 

Lo anterior sólo lleva a confundir y a defender puntos antagónicos: mientras inicialmente organizaciones como #yosoy132 se desligaban de los responsables de actos vandálicos, las mismas organizaciones terminan defendiendo a los encapuchados e incitadores presos quienes ahora son considerados ‘compañeros’ del movimiento.  

El mito de la imposición o “ya estuvo compa”

Por Ramón I. Centeno
(The University of Sheffield)

La idea de que Peña Nieto está en la Presidencia como producto de –vienen las palabras mágicas- “una imposición”, es de las más dañinas en el mundo de los activistas de izquierda en el México de hoy, y es necesario combatirla. Se trata de una noción que no convence a nadie. Su falsedad es la razón por la cual la (preocupante) brutalidad policiaca que encontraron las protestas contra el nuevo presidente este 1 de diciembre fue ampliamente aplaudida en el país, incluso por “los pobres.”

No estoy seguro de quién acuñó el mito pero el sello de familia es inconfundible, pues todo lo que esa idea sugiere se acopla con naturalidad a la explicación que López Obrador dio de su derrota: incapaz de reconocer sus propios errores, todo lo explica mediante el árbitro vendido. Este personaje, en su mitin, también el pasado 1 de diciembre, reiteró su convicción de que “nos han robado la Presidencia en dos ocasiones”, por lo cual hoy tenemos un “gobierno surgido del fraude electoral.” Por lo tanto, el gobierno “impuesto” de Peña Nieto “es ilegal e ilegítimo.” En pocas palabras, López Obrador confunde sus deseos con la realidad. Vamos por partes.

Mientras más rápido lo reconozcamos, mejor: no hubo imposición alguna. No cuando el actual presidente obtuvo más votos que los otros candidatos. Incluso si “la doña” votó por el PRI porque le ofrecieron un vale de Soriana, lo hizo por voluntad propia. En efecto, aquí se puede argumentar que esto se llama coacción. Lo cierto es que si esos votantes hubieran visto algo mejor que un vale de Soriana, habrían votado de otro modo. En algún sentido, estos votantes tienen razón: PRI, PAN y PRD no se distinguen demasiado unos de otros, con una diferencia: el día de la elección sólo uno les ofreció la despensa de la quincena. Así las cosas, ¿quién tiene éxito en presentarse como más cercano a los intereses populares? Aquí está “el secreto” del PRI.

¿Qué hay de la acción de las televisoras? ¿No es eso una imposición? En realidad la pregunta debería ser otra: ¿debe sorprendernos su actuación? Pareciera que acabamos de hacer el descubrimiento del siglo cuando en México se comenta que los dueños de los medios de comunicación tienen intereses que los llevan a favorecer determinadas agendas. Esto siempre ha sido así y lo seguirá siendo mientras la función social de informar sea tratada como un negocio más. Ninguna revolución (estadounidense, francesa, rusa, mexicana, árabes, etc.) se ha realizado con los medios a su favor.

Y a pesar de la evidente inconsistencia del discurso de la imposición, este es hegemónico en el mundo del activismo mexicano. Pero como decimos en los barrios del DF, “ya estuvo compa.” No necesitamos inventar un mito demoníaco para dejarnos seducir por la militancia. ¿Por qué siempre la izquierda se coloca en el lugar de víctima? ¿Qué placer encontramos en emular la crucifixión de Jesucristo?

En efecto, aunque la tradición cristiana ha sido rechazada por el ateísmo, muchas de sus metáforas se reproducen una y otra vez por este, a veces con más pasión. En el extremo retorcido está por supuesto el estalinismo, donde “la autocrítica” era una obligación, lo cual no era otra cosa sino el rito de “la confesión” disfrazado. El “pecado” de “los sentimientos carnales” fue sustituido por “las desviaciones pequeñoburguesas”, que en ambos casos deben producir “culpa”. Pero hay más.

Estamos mal acostumbrados a representar el papel del sacrificio frente a un orden lleno de pecado, donde nuestras victorias sólo pueden ser morales. Esto no puede seguir. La superación de la catástrofe social en curso -producto de la depredación planetaria del capitalismo- tiene minúsculas posibilidades de éxito. Esa es la verdad. Y tales posibilidades sólo pueden maximizarse si el renacimiento que la izquierda requiere pasa por el abandono radical de toda auto-flagelación.

Hay dos grandes formas de discurso político: el del cambio y el del orden. El primero es el lugar tradicional de “la izquierda” y el otro el de “la derecha”. Por ello la izquierda siempre está contra la pared. No terminamos de entender que las sociedades están compuestas por “gente normal”, con legítimas aspiraciones de tener una vida feliz en familia, con un perro, navidades, etc. La derecha siempre capitaliza a su favor ese hecho para presentarnos como peligros a esos deseos sociales. Es hora de invertir la ecuación. Frente al caos presente, nosotros queremos la armonía. En lenguaje del barrio, México es un pinche desmadre que nosotros vamos a arreglar.

El PRI ganó una compleja batalla política, pero como bien apuntaba Lenin, “el reconocimiento de un hecho o una tendencia como realmente existente de ningún modo implica que debe ser aceptado como una realidad que constituye una norma para nuestras acciones.” Entonces, debemos denunciar que el regreso del PRI es un desorden que sólo mantendrá el riesgo permanente en que viven las familias mexicanas, sobre todo las de las clases populares, que son la mayoría del país.

En México, ¿no es acaso la Guerra contra el Narco un tremendo peligro para nuestras familias? ¿El esposo que tal vez no vuelva del trabajo? ¿La hija que puede ser la nueva “muerta de Juárez”? En el terreno económico, ¿no es acaso el actual capitalismo de cuates el gran obstáculo para que nuevas generaciones formen sus familias? ¿El hijo que no puede independizarse por el desempleo? ¿La madre que no puede jubilarse en paz porque debe usar su ingreso para mantener hasta a los nietos?

Es justo este terreno el que debemos disputar y que hoy está ocupado por las fuerzas nefastas que radicalizó Calderón, justificando la Guerra al Narco bajo el eslogan: “para que la droga no llegue a tus hijos.” Mientras tanto, muchos activistas siguen buscando en López Obrador la alternativa que no es, al tiempo que se entretienen con una “imposición” que inventó aquél. Si aspiramos a que futuras protestas cuenten con la simpatía popular, debemos dejar claro qué es lo que queremos y recordar que la toma de calles es un medio, no “el” fin. Como sugiere Žižek por ahí en relación con el problema del Estado, y modificado un poco por mí para generalizar: “si usted no tiene una clara idea de con qué quiere reemplazar lo existente, no tiene derecho de salirse de lo que existe.” Es hora de ponernos serios y de no tener miedo de postularnos al timón de mando. La cuestión comunista debe salir de nuestras bocas no como “crítica al sistema”, sino como alternativa al caos actual. Nos urge esa metamorfosis.

El mito de la imposición o "ya estuvo compa"
Por Ramón I. Centeno
(The University of Sheffield)

La idea de que Peña Nieto está en la Presidencia como producto de –vienen las palabras mágicas- “una imposición”, es de las más dañinas en el mundo de los activistas de izquierda en el México de hoy, y es necesario combatirla. Se trata de una noción que no convence a nadie. Su falsedad es la razón por la cual la (preocupante) brutalidad policiaca que encontraron las protestas contra el nuevo presidente este 1 de diciembre fue ampliamente aplaudida en el país, incluso por “los pobres.” Read More

Discontinuidades burocráticas. Parte 3 de 3
By Israel Aguilar Márquez
(The University of Sheffield)

Una de las características de las democracias es la renovación periódica de los gobernantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios implican modificaciones burocráticas profundas. Es herencia de una visión patrimonialista del Estado. ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas para el periodo gubernamental por comenzar? Read more

Discontinuidades burocráticas. Parte 3 de 3

Israel Aguilar Márquez

The University of Sheffield

Las discontinuidades burocráticas en la administración de Peña Nieto comenzaron antes de su toma de protesta. El equipo de transición del presidente electo desde hace algunos días hizo pública la propuesta de modificaciones estructurales para la Administración Pública Federal. Sin embargo, la configuración institucional y organizacional de la burocracia federal es definida por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su modificación depende sólo del Congreso de la Unión. El jueves de la semana pasada, 22 de noviembre de 2012, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobaron las reformas a esta ley. El pleno de San Lázaro lo aprobó al día siguiente. La iniciativa se turnó entonces al Senado de la República, donde las discusiones y negociaciones se han detenido.

¿Cuáles son los cambios más importantes que proponen los priístas para la administración que iniciará en un par de días? Son dos las modificaciones más relevantes. En primer lugar, la propuesta contempla la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y que la función de seguridad sea responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. En segundo lugar, se plantea la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, Organismo Público Autónomo. Además, algunas funciones de fiscalización del erario pasarían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La función de la seguridad pública

Los problemas en materia de seguridad pública no son recientes. Sin embargo, en la década de los años noventa se comenzaron a emprender acciones desde el ámbito federal de gobierno para darles solución. Uno de los primeros avances, en la recta final del sexenio de Ernesto Zedillo, fue la centralización de mandos policiales con la creación de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, los problemas existentes implicaban cambios profundos. Antes de la toma de protesta de Vicente Fox, se había aprobado la creación de la Secretaría de Seguridad Pública.

Así, la SSP federal concentró las funciones en materia de seguridad que dependían de la Secretaría de Gobernación, incluyendo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (aunque regresó a la SEGOB en 2009). Sin embargo, los avances decisivos en materia de seguridad pública se realizaron en el sexenio de Felipe Calderón. A partir de 2006 no sólo se incrementó el presupuesto destinado a este rubro, además, se creó la Policía Federal, primer esfuerzo en México de crear un cuerpo de seguridad nacional con carácter civil, profesionalizado, con funciones de investigación e inteligencia (trascendiendo aquellas meramente reactivas). También se diseñaron sistemas tecnológicos de gestión y difusión de la información en materia criminal para los tres ámbitos de gobierno («Plataforma México»). Finalmente, hace un par de semanas, fue inaugurado el Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES), para fortalecer el trabajo académico en temas de seguridad pública en México.

La reincorporación de las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación tiene la ventaja de ser una estructura que Peña Nieto conoce. En 2006, cuando el presidente electo se desempeñaba como Gobernador del Estado de México, se creó la Agencia de Seguridad Estatal, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno mexiquense. Sin embargo, también nos hace recordar la etapa más oscura del régimen que creíamos superado, donde existía una policía con fines políticos, encargada de perseguir a los críticos del sistema y acallar las voces discordantes. Por ello, los grupos parlamentarios del PAN y el PRD en el Senado han manifestado que sólo aprobarán la propuesta mientras se garanticen «controles democráticos», entre ellos que los tres funcionarios principales de la Secretaría de Gobernación sean ratificados por el Senado, al igual que los jefes policiales, y que se ofrezcan informes periódicos a la Cámara de Diputados.

La seguridad en la función pública

La historia de la Secretaría de la Función Pública inicia en 1958. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se creó la Secretaría de la Presidencia de la República con el fin de concentrar la planificación y coordinación de las estrategias de la administración federal. En 1976, López Portillo cambió sus funciones y denominación, para crear la Secretaría de Programación y Presupuesto. Esta dependencia llegó a concentrar tal poder e influencia que los últimos tres presidentes priístas del siglo XX fueron sus titulares durante el periodo de gobierno de su antecesor. En 1992, durante el sexenio de Salinas de Gortari, desapareció la Secretaría de Programación y Presupuesto, absorbiendo sus funciones la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, hacía falta una entidad coordinadora que diera coherencia a las estrategias y acciones de la administración pública. Así, en 1994, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación cambia su nombre y adopta la función de armonizar la burocracia. Entonces, fue creada la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).

La SECODAM, durante su existencia, se centró en la función de contraloría, descuidando el desarrollo de la gestión pública, por lo que en 2003 se creó la Secretaría de la Función Pública. Sus principales funciones, además de revisar el ejercicio del gasto público, eran la organización y coordinación de los sistemas administrativos federales, administración del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, investigar las conductas de los servidores públicos que pudieran implicar responsabilidad administrativa, establecer las directrices para los sistemas de control y evaluación, entre otras.

En 2009, el Presidente Calderón propuso desaparecer la Secretaría de la Función Pública, junto con la de Turismo y Reforma Agraria, como parte de una estrategia de austeridad en el sector público después de la crisis financiera mundial de septiembre de 2008. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada por el Congreso de la Unión. Actualmente, en la Cámara de Senadores, la discusión para su desaparición y el establecimiento de la Comisión Nacional Anticorrupción radica en el hecho de que no puede desaparecer la primera sin que se instaure la segunda. La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados contempla en los artículos transitorios que la Secretaría de Hacienda asumiría temporalmente sus funciones, hasta la creación de la Comisión Anticorrupción.

De esta manera, lo que parece ser la nueva configuración de la administración pública federal centralizada presenta dos entidades que concentrarán el poder político y financiero del Estado mexicano. No es ilusorio pensar que el próximo candidato presidencial del PRI surgirá de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin la adecuada estructura de contrapesos para fiscalizar las dependencias gubernamentales, se mantiene latente la amenaza de volver a un momento político que creíamos superado. Hubo quienes hablaron del fin del presidencialismo en México (Nacif, 2004), algunos se aventuraron a decir que la transición a la democracia había concluido (Lujambio, 2001: 277). Lo cierto es que el andamiaje institucional sobre el que se sostiene el Estado mexicano sigue siendo endeble. Los gobiernos federales poco han contribuido para preservar las buenas prácticas dentro de la gestión pública, y corregir las insuficiencias por medio de aproximaciones sucesivas. Seguimos reinventando el gobierno cada seis años.

La segunda vuelta de Calderón
By Emilio M. González

(The University of Sheffield)

En las postrimerías de su mandato el Presidente Felipe Calderón ha mandado nuevamente al congreso una iniciativa que propone incluir la segunda vuelta electoral en México. El aporte de la segunda vuelta como un instrumento de legitimidad sería marginal, pero podría generar una nueva dinámica en las relaciones ejecutivo-legislativo. Read more

La segunda vuelta de Calderón

By Emilio. M González
(The University of Sheffield)

            Prácticamente en las últimas horas de su mandato el Presidente Felipe Calderón mandó al congreso una iniciativa de decreto que busca establecer la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. Hay que recordar que esta no es la primera vez que el Presidente Calderón trata de proponer la segunda vuelta. La reforma política propuesta por el ejecutivo en 2009 incluía esta propuesta.

            La actual iniciativa propone que cuando ninguno de los candidatos a la Presidencia logre obtener mas del cincuenta por ciento de los votos, se realice una segunda votación entre los dos candidatos que más votos hayan obtenido. Llevándose acabo la primera vuelta de la elección presidencial el primer domingo de julio, mientras que la segunda vuelta presidencial será concurrente con la elección a Diputados federales, realizándose el primer domingo de agosto.  De dicha propuesta se identifican dos principales objetivos:

1)     Al desfasar la primera vuelta de la elección presidencial con la elección de diputados federales y empalmar esta con la segunda vuelta presidencial, se buscan crear incentivos que den mayor gobernabilidad al sistema político mexicano. En otra palabras se busca que el elector pueda crear una mayoría en la cámara de diputados del partido del futuro presidente.

2)     Se busca que los candidatos elegidos sean respaldados por una mayoría absoluta de los votos emitidos

¿A qué responde esta iniciativa del presidente? Mucho se ha hablado de la segunda vuelta como una respuesta a la incertidumbre que algunos tienen en el sistema electoral mexicano. Quienes respaldan este argumento dicen que al existir una segunda vuelta no habría duda sobre quien fue el claro vencedor de la elección al ser elegido por una mayoría absoluta. Reduciendo como consecuencia la polarización y rechazo hacia el presidente electo y aumentando la gobernabilidad. El Presidente Calderón vivió esta polarización durante su sexenio siendo considerado por una parte de la población como un presidente ilegítimo. Es tal vez a consecuencia de esto su empeño por impulsar esta iniciativa.

En la practica creo que la segunda vuelta no traería consigo todas las ventajas que muchos ven en ella. Remontándonos a la elección de 2006, y en un escenario utópico en el que hubiera existido segunda vuelta presidencial, ¿Qué hubiera pasado si Lopez Obrador hubiera ganado la primera vuelta, y Felipe Calderón la segunda? ¿Se hubiera generado menor polarización? ¿Se hubieran evitado los conflictos post-electorales? ¿Lopez Obrador hubiera aceptado la derrota? ¿Se hubiera tenido mayor confianza en el resultado del IFE? Creo que la respuesta a cada una de estas preguntas sería no.

La propuesta de desfasar la elección presidencial de la elección de diputados federales busca generar mayor gobernabilidad creando un presidente más fuerte. Desde 1997, año en que se tuvo el primer gobierno dividido, ningún presidente ha tenido mayoría en la cámara de diputados. A esto se le ha atribuido buena parte de la “parálisis legislativa” y la falta de aprobación de las reformas estructurales. Por otro lado hay estudios que prueban que el congreso ha vivido su etapa más productiva en estos años de gobierno dividido. Por lo tanto al parecer el trabajo legislativo se ha incrementando, pero las iniciativas presidenciales carecen de fuerza para ser aprobadas. Regresarle esta fuerza al presidente es el objetivo de esta medida.

            ¿Cuáles serían los costos y los beneficios? Los sistemas electorales son un trade-off entre pluralidad y gobernabilidad. De ser aprobada la propuesta del Presidente Calderón, es muy probable que genere una mayoría en la cámara de diputados para el presidente que resulte electo, otorgándole una mayor fuerza a sus propuestas en el congreso. En contra parte la pluralidad del congreso probablemente  se reduciría, afectando principalmente a los partidos chicos.

            La segunda vuelta utilizada como un elemento de legitimidad en un proceso electoral me parece que carece de sentido. Creo que la confianza en los resultados electorales no está ligada al número de veces que se replique un proceso, sino a la eficiencia y solides de sus instituciones. Por otro lado la segunda vuelta aplicada como un elemento que genere mayor gobernabilidad en el sistema político mexicano, es una propuesta que podría generar una nueva dinámica en la relación entre ejecutivo y legislativo.

La UNAM, una inversión con retorno asegurado?
By Jose Angel Garcia
(The University of Sheffield)

Tal parece que bajo el modelo actual de educación superior, el cual da preferencia a una ‘educación de masas’ sobre educación selectiva y de calidad, el invertir miles de millones de pesos en la UNAM no tiene el retorno y ganancias sociales que su rector ha esperado. Read more

La UNAM, una inversión con retorno asegurado?

La UNAM, una inversión con retorno asegurado?
By Jose Angel Garcia
(The University of Sheffield)

Hace un par de días tuve la oportunidad de visitar a un amigo en la UNAM. Entrando a Ciudad Universitaria es imposible no admirar la extensión de la que es la universidad más grande de América Latina. Sus múltiples y altos edificios, repletos de murales de artistas como Juan O’Gorman, Francisco Eppens, y Siqueiros, nos hacen recordar su importancia histórica, educativa y científica.

Generalmente, al escuchar sobre universidades multiculturales, inmediatamente pensamos en instituciones educativas de países como el Reino Unido o Estados Unidos. Sin embargo, al caminar por el mundo de islas, túneles y pasillos de la UNAM es posible notar de inmediato la diversidad cultural, educativa y social de sus alumnos, académicos y personal. Con sus más de 324,000 estudiantes y 36,750 académicos no resulta difícil encontrar personas de diferentes nacionalidades, formación académica y cultura. Por ello, y dada su amplia oferta académica de  más de 100 programas de  Licenciatura y cerca de 90 programas de Maestría y Doctorado, indudablemente la UNAM se ha convertido en fuente de conocimiento a nivel internacional. Una fuente de conocimiento generalizada, masiva y pública a un costo tan bajo para todo estudiante de Licenciatura igual o menor a $200 pesos anuales. Desafortunadamente, es precisamente su magnitud y bajo costo para los alumnos que la máxima casa de estudios de México no puede desarrollar plenamente su potencial de enseñanza e investigación.

Hace poco leía en un artículo la opinión de Enríquez Cabot, investigador científico mexicano de la Escuela de Negocios de Harvard, dónde mencionaba lo que desde mi punto de vista es sumamente cierto: “En México tenemos tanto miedo de ser elitistas que no nos importa la selección de los mejores alumnos y maestros”. 

De 2011 a 2012, el presupuesto otorgado a la UNAM creció de 29 mil 233 millones a 31 mil 653 millones. Considerando que los campos de docencia, investigación y difusión cultural –sectores en los que de acuerdo al Consejo Universitario de la UNAM se destina el total de presupuesto– son parte integral en la educación de cada estudiante,  México invierte alrededor de $97,694 pesos por año por estudiante de la UNAM. Una cifra que no se aleja demasiado del costo de universidades privadas, dónde cada estudiante paga en promedio una colegiatura semestral de $40,000 pesos, es decir, alrededor de $80,000 pesos por año.

Desafortunadamente, a pesar de que la UNAM produce el 35% de los artículos científicos del país y que más del 55% de su planta docente de tiempo completo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en 2004 solamente 47% de total de sus egresados se titularon, una cifra que aumentó sólo un 9% para 2011. Más aún, licenciaturas como Economía cuentan con una eficiencia terminal de solo el 20% (datos del 2011).

Lo anterior nos hace reflexionar, no sólo como analistas, sino como ciudadanos, qué hay de la relación inversión-resultado en la educación? Si uno de los fines de la UNAM es impartir educación superior para formar profesionistas (entiéndase titulados) útiles a la sociedad, por qué entonces invertir en la educación de personas que no llegan a completar sus estudios?  

Es muy cierto que para poder lograr el desarrollo socio-económico de un país es necesario terminar con el analfabetismo y, por tanto, proveer educación a la población. Sin embargo, el problema de falta de oportunidades educativas para los jóvenes en México, considerado por el Dr. Rodríguez una bomba de tiempo, no será resuelto con un incremento constante (y cada vez mayor) en el gasto/inversión en la educación superior. Como se ha sugerido en varios foros internacionales, "no se trata de gastar más, sino de invertir mejor".

Hace unos días Emilio González analizaba el caso de la destitución de la Maestra Elba Esther Gordillo como posible solución al rezago en la educación básica en México. En esa ocasión González mencionó que su destitución –de la Maestra– puede ser deseable, más sería una salida falsa al problema de la educación. Aunque casos distintos, ocurre lo mismo con la educación superior. Por ejemplo, para lograr una mayor eficiencia terminal, la UNAM ha ‘simplificado’ las opciones de titulación, reduciendo, desde mi punto de vista, la calidad académica de los programas de estudio de una de las mejores universidades de Latinoamerica.

Tal parece que bajo el modelo de educación superior actual, el cual da preferencia a una ‘educación de masas’ sobre educación selectiva y de calidad, el invertir miles de millones de pesos en la UNAM no tiene el retorno y ganancias sociales que su rector ha esperado.

La construcción social(-mediática) de la política de seguridad pública en México

Discontinuidades burocráticas. Parte 2 de 3
By Israel Aguilar Márquez
(The University of Sheffield)

Una de las características de las democracias es la renovación periódica de los gobernantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios implican modificaciones burocráticas profundas. ¿Cuáles fueron son los cambios más significativos durante el sexenio calderonista? Read more

Discontinuidades burocráticas. Parte 2 de 3

Israel Aguilar Márquez

The University of Sheffield

Las principales mejoras al funcionamiento de la Administración Pública Federal durante el sexenio de Vicente Fox fueron el establecimiento del Sistema de Profesionalización del Servicio Público y la instrumentalización del derecho al acceso a la información gubernamental. Ninguna de ellas fue una iniciativa emanada de la Presidencial de la República.

Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

La profesionalización del servicio público había sido una aspiración desde el establecimiento de los gobiernos institucionales postrevolucionarios. Sin embargo, fue hasta la década de 1990 en que distintos actores públicos (principalmente académicos, políticos y funcionarios públicos) enfatizaron la necesidad de contar con servidores públicos calificados y hacer de la función pública un ámbito meritocrático. Se buscaba elevar el perfil profesional de los funcionarios, mejorar el desempeño del servicio público, limitar al mínimo la visión patrimonialista del Estado (que percibe a los cargos públicos como un «botín» que se reparte entre los allegados del político electo) y la gestión pública basada en improvisación y ocurrencias.

Algunas dependencias públicas habían implementado sistemas de gestión de recursos humanos y profesionalización; sin embargo, aquellas propuestas eran limitadas, parciales y conservaban un margen de discrecionalidad. Entre las dependencias públicas que realizaron estos primeros esfuerzos se encuentran: la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional del Agua, Instituto Federal Electoral y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Martínez Puón, 2003).

En octubre de 2000, el Senador priísta Carlos Rojas Gutiérrez presentó la iniciativa de Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En abril de 2002 el Senador panista César Jáuregui Robles presentó la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público Profesional. Finalmente, la Diputada perredista Magdalena del Socorro Núñez Monreal presentó en octubre del 2002 la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público de Carrera. La iniciativa (síntesis de las tres, pero basada principalmente en la propuesta de la bancada de Acción Nacional) fue aprobada en octubre de 2002 por la Cámara de Senadores y en marzo del 2003 por la Cámara de Diputados. El decreto fue firmado el 9 de abril de 2003 por el Presidente de la República y se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

En términos generales, el sistema de profesionalización incluía siete subsistemas, que de una manera holística y transversal consideraba las distintas fases para la gestión de capital humano, desde antes de su incorporación a la administración pública hasta después de su separación. Los subsistemas eran los siguientes: 1) Planeación de Recursos Humanos, 2) Ingreso, 3) Desarrollo Profesional, 4) Capacitación y Certificación de Capacidades, 5) Evaluación del Desempeño, 6) Separación y 7) Control y Evaluación. Además, el medio de difusión que permitía vincular a la oferta con la demanda laboral era un sitio web: trabajaen.gob.mx. De esta manera, se pretendía eliminar la intervención de mediadores que favorecieran a algún candidato, haciendo el proceso de selección de los aspirantes objetivo y confiable.

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Si la división de poderes es un control indirecto del poder público, la transparencia de las organizaciones gubernamentales y las solicitudes de información permiten un control directo de los gobernados sobre los gobernantes (Becerra y Lujambio, 2006). En 1977, como parte de una profunda reforma política, el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado el artículo sexto para agregarle la frase: «el derecho a la información será garantizado por el Estado». Esta adición suscitó debates respecto a su contenido y alcance. En 1985, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que esta reforma al artículo sexto constitucional no pretendió establecer una garantía individual para que los gobernados accedieran a la información de los órganos del Estado en el momento en que lo quisieran. En 1996, con motivo de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero, la SCJN rectificó este criterio al reconocer que el ejercicio del derecho a la información es fundamental para mejorar la conciencia ciudadana y el progreso social. Así, las autoridades gubernamentales debían hacer sus acciones del conocimiento de sus gobernados, en respeto a la verdad. Varias resoluciones posteriores confirman esta interpretación y se reconoce que el artículo sexto constitucional consagra el derecho de todo ciudadano a la información con el carácter de una garantía individual (López-Ayllón y Arellano, 2008).

Sin embargo, no fue sino hasta 2002, en que esta garantía individual pudo aplicarse. En ese año se aprobó por unanimidad parlamentaria la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya iniciativa había tenido su origen en la sociedad civil, impulsada por el llamado «Grupo Oaxaca», que se encontraba integrado por académicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Sin embargo, la política de transparencia y la ejecución de esta ley han tenido diversas dificultades en su cumplimiento. Una de las principales limitaciones para garantizar el derecho a la información pública ha sido la resistencia de los sujetos obligados a acatar los ordenamientos en materia de transparencia.

Discontinuidades

Desde el inicio de la administración encabezada por Felipe Calderón, se evidenciaba el manejo que tendría el sistema de profesionalización y la política de transparencia. En primer lugar, en distintas entidades de la Administración Pública Federal a los funcionarios que se encontraban dentro del sistema (enlaces, jefes de departamento, subdirectores, directores de área y directores generales), se les solicitó su renuncia. Además, a lo largo del periodo calderonista se utilizó el resquicio legal que otorgaba el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que contempla los casos excepcionales por los cuales se puede contratar directamente a un funcionario, sin necesidad de hacerlo siguiendo los pasos del sistema. Así, la excepción se hizo regla. Poco a poco se ha ido desdibujando el sistema de profesionalización, al punto de que han existido propuestas para que desaparezca completamente. Y es que simular que se cuenta con un servicio público profesional resulta sumamente costoso.

Con respecto al acceso a la información. Desde el inicio del sexenio se intentó eliminar a los comisionados del IFAI que resultaran incómodos o sumamente críticos. Fue el caso de Juan Pablo Guerrero Amparán. Así, al final de la renovación del IFAI el comisionado presidente fue Alonso Lujambio Irazábal, hombre de confianza de Calderón, quién abandonaría este cargo tiempo después para integrarse al gabinete como Secretario de Educación Pública. Además, las entidades públicas han interpretado la Ley de Transparencia para preservar el principio de opacidad, argumentando que ellas no son responsables de generar la información específica para responder cada solicitud de información, por el contrario, su única función es proporcionar la información que se genera. Esta medida ha implicado que las entidades públicas federales han dejado de producir documentos de uso internos (como memorandos, oficios, circulares y comunicados) y sólo responden favorablemente las solicitudes de información que señalan puntualmente el o los documentos específicos.

Estos son sólo dos ejemplos de discontinuidades burocráticas entre los sexenios foxista y calderonista ¿Cuáles son las expectativas para el periodo que está por comenzar?

The ‘super’ Ministry of the Interior.

By Jose Angel Garcia

The University of Sheffield

The existent Ministry of Public Security (Secretaría de Seguridad Pública, SSP) is about to disappear. According to its detractors, its lack of results, inefficient coordination with other Ministries, mainly the Procuraduría General de la República (PGR), and the multiple embarrassments in which it has been involved (like the Florence Cassez and the Tres Marias cases), have contributed to the decision to discard it after 12 years of existence.

Enrique Peña Nieto, Mexico’s next President, as well as the members of its ‘transition team’ ensure that its elimination and the incorporation of its functions into the Ministry of the Interior will improve the provision of public security. By establishing a better and permanent coordination of all the efforts and instruments of public security, including the federal prison system, they say, the Ministry of the Interior will be capable of contributing to the prevention of crime, to safeguard the integrity of the individuals and to preserve the public freedom, order and peace.

It is true that the current SSP have proved to be incapable of dealing with the rising levels of insecurity and violence in Mexico. This is why, senators and deputies of both the PRI and PVEM, now in power, have rushed to make use of the weaknesses of the SSP to ensure that a change is needed. All of them, coordinated by Pedro Joaquin Coldwell and Manlio Fabio Beltrones, are now ensuring that the proposed reform will ‘change what did not work as expected’, giving the society the level of public security that deserves.

As we, the society, government, etc., would like to notice an immediate and radical positive change in the current conditions of public security, the above mentioned sounds coherent, necessary and justifiable. However, we must not forget that the reasons why the SSP is now disappearing were the same reasons behind its creation in 2000. In words of former President Vicente Fox, the SSP was institutionalized to guarantee the prevention, maintenance and re-establishment of order and public security. All of this at the same time that it promoted the cooperation and coordination between the three levels of government and the society. Then, what would be different this time? As Ricardo Anaya, from PAN, has argued, in which way taking the security functions from the SSP to the Ministry of the Interior will automatically promote an improvement in public security? Furthermore, which are the mechanisms that will ensure that the future ‘super’ Ministry of the Interior will not use its power and capabilities for political purposes?

Different political analysts and politicians from the leading opposition party, the PRD, have ensured that giving so much power to the Ministry of the Interior can  be counterproductive. If the proposal is accepted, the Ministry of the Interior, responsible of coordinating the power relations of the Executive with the Judiciary and Legislative powers, but also states, political parties, and Civil Society Organizations; will now also have the power to formulate and execute the policies, programs and actions regarding the internal security. More importantly, by absorbing the Federal Police (Policía Federal) the Ministry of the Interior will be able to make use of the police, whenever it considers necessary, to intervene in situations of imminent risks or violence.

Although the initiative presented by PRI and PVEM briefly describes the objectives of this reform, it does not state the legal mechanisms of control for the future functions of the Ministry of the Interior. For this reason, contrary to the blind predisposition of PRI and PVEM politicians to approve the proposal, deputies and senators of all parties should study it properly to establish the required controls to its functions. If that does not happen, the risk of having a Ministry of the Interior capable of using the police forces for political purposes is more than feasible, and not even the existence of strong social organizations and division of powers (Executive and Legislative) would be able to counterbalance its power, as it is ensured by the members of Peña Nieto’s transition team.  

The 'super' Ministry of the Interior
By Jose Angel Garcia
(The University of Sheffield)

The current SSP has proved to be incapable of dealing with the rising levels of insecurity and violence in Mexico. Nevertheless, we must not forget that the same reasons why it is disappearing were the same reasons behind its creation in 2000. Read more. 

Discontinuidades burocráticas. Parte 1 de 3

Israel Aguilar Márquez

The University of Sheffield

La naturaleza de toda organización es la estabilidad. Sin embargo, la permanencia de sistemas no es absoluta. En algunos casos, las actividades cotidianas se modifican paulatinamente sin que estos cambios sean perceptibles. En otras ocasiones, existe la necesidad de cambiar para adaptarse a contextos inciertos, complejos y competitivos, con el objetivo de preservar la organización. En otras ocasiones, las organizaciones son objeto de cambios planificados que buscan adecuar su estructura, funciones o los resultados obtenidos. El cambio organizacional es un fenómeno complejo, distintas son las causas que los originan, diversos son los resultados y, en ocasiones, simplemente representan un gasto de recursos infructuoso.

Las organizaciones burocráticas en México, y los funcionarios públicos que en ellas laboran, afrontan al termino de cada periodo administrativo riesgos y posibilidades. Se ha llegado a afirmar que «el gobierno se reinventa cada seis años». Y esta sentencia parece no ser errónea. Cada tres o cuatro años (en el caso de las burocracias municipales) y cada seis años (en el caso del ámbito estatal y federal) se realizan múltiples modificaciones a la burocracia existente. Los cambios pueden ser menores. Por ejemplo, el cambio de la denominación de una entidad pública, sin que existan modificaciones en su estructura y funciones. Por otro lado, los cambios pueden ser significativos, llegando a desaparecer instancias públicas, eliminando sus funciones, o dejando que otro aparato gubernamental las absorba.

Las políticas y programas públicos también son modificados. Son sumamente escasos los programas públicos que sobreviven a los cambios de gobierno en México. Sin embargo, aquellos programas gubernamentales que se mantienen transexenalmente no están exentos de sufrir modificaciones. En México, el caso más emblemático es Oportunidades. Los programas para asistir a los grupos poblacionales menos favorecidos no eran novedosos en la década de los años ochenta. Sin embargo, fue en el sexenio de Salinas de Gortari que se diseñó una política integral de atención a las personas en condiciones de vida precarias. El Programa Nacional de Solidaridad se retomó y sufrió importantes cambios en el periodo de Ernesto Zedillo, lanzándose como Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). En el sexenio de Vicente Fox, la política social gubernamental sufrió ajustes, creándose el Programa de Desarrollo Humano, Oportunidades. Con algunos cambios, este programa se mantuvo durante los seis años de gobierno calderonista.

Sin embargo, existieron reformas tajantes entre el gobierno foxista y calderonista. En materia de educación básica, por ejemplo, durante el sexenio foxista la política en este ámbito se articuló alrededor de cuatro programas: Expansión y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Preescolar, Programa Nacional de Lectura, Enciclomedia y Escuelas de Calidad. Pero estos programas fueron abandonados en el sexenio de Felipe Calderón, pese a la alta inversión que se había realizado en los seis años anteriores de gobierno. Cabe destacar que aunque ambos presidentes fueron candidatos del mismo partido político, los dos mostraron dos concepciones distintas de la realidad nacional y afrontaron los distintos problemas públicos de maneras diferentes.

En el sexenio de Vicente Fox se dieron dos avances significativos dentro de la estructura y funcionamiento del aparato burocrático nacional. En primer término, se diseñó e instauró el Servicio Profesional de Carrera, como mecanismo de fortalecer la gestión del capital humano en las instancias públicas federales. En segundo lugar, se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, creando el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, al que se le ha agregado (en sus funciones y denominación) la protección de datos personales. Sin embargo, ambos esfuerzos tuvieron un desarrollo errático a lo largo del sexenio de Felipe Calderón, que los llevaron prácticamente al fracaso.

Discontinuidades burocráticas. Parte 1 de 3
By Israel Aguilar Márquez
(The University of Sheffield)

Una de las características de las democracias es la renovación periódica de los gobernantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos cambios implican modificaciones burocráticas profundas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de cambio y continuidad programática en el sector público mexicano? Read more

Why did PRI return to power?
By Ramón I. Centeno
(The University of Sheffield)

Llegó el tiempo del Debate
By Emilio M. González
(The University of Sheffield)

La despenalización de la marihuana en Washington y Colorado abre la posibilidad de iniciar un debate sobre el tema que nuestros legisladores han venido postergando. Read more

Llegó el tiempo del Debate

Emilio M. González
(University of Sheffield)

Hace un par de días se realizó una votación en Estados Unidos que empuja ligeramente a México a una interesante coyuntura. El martes 6 de noviembre Washington y Colorado se convirtieron en los primeros estados que permitirán la posesión y consumo de mariguana para uso recreativo en Estados Unidos. A estos  hay que sumar una lista de 14 estados que permiten su uso medicinal. Bajo las iniciativas aprobadas en Washington y Colorado se permite la tenencia para uso personal de 28.5 gramos de cannabis. ¿Qué repercusiones tiene esto en México? La respuesta depende completamente de nosotros. Por un lado podemos cerrar los ojos a la realidad que se está viviendo en Estados Unidos y mantener el statu quo, o podemos tomar esta votación como el punto de partida de un debate que hasta la fecha se ha venido postergando en el país.

No son pocas las voces que dicen que la estrategia contra el crimen organizado se debe de reorientar. Ante esta afirmación en varios foros, artículos y libros, se ha propuesto la despenalización de algunas drogas como una solución. El argumento detrás de estas voces es que al ser substancias prohibidas se genera un mercado negro, lo cual encarece su precio dándole ingresos muy altos al crimen organizado, otorgándole la capacidad para utilizar estos ingresos extras en sobornos o armas. Aunque estás afirmaciones son ciertas, la legalización de las drogas por si sola no terminaría con la violencia, simplemente diversificaría las actividades del crimen organizado aumentando posiblemente otro tipo de ilícitos como el secuestro y la extorsión. 

Uno de los problemas en la estrategia contra el crimen organizado es la ambigüedad que existe en si la estrategia es de seguridad o de salud. El principal slogan de la campaña del gobierno federal es: “Para que la droga no llegue a tus hijos”, claramente hace referencia a cuestiones de salud. Por otro lado la lucha contra el crimen organizado se justifica para mantener el orden en el país y no entregárselo a los criminales. Esta ambigüedad ha contribuido a la satanización del tema, en donde se percibe la legalización como un retroceso y prácticamente la aceptación de la derrota frente al crimen organizado.

La realidad es que las recientes reformas en Washington y Colorado ponen a México en una situación estratégica. De acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas, México y Estados Unidos son los principales productores de mariguana en el mundo. La regulación mexicana permite el consumo de mariguana y otras drogas, pero prohíbe su producción o venta. Lo cual se puede calificar por lo menos de incongruente. Creo que es momento de aprovechar la coyuntura internacional y empezar un debate para analizar los pros y los contras sobre modificaciones a esta ley.

Una opción, pensando que la despenalización en Washington y Colorado podría representar el inicio de una tendencia, podría ser la despenalización de la producción en México. Con el objetivo de convertirnos, esta vez de manera lícita, en los principales proveedores de mariguana de Estados Unidos. Generando como consecuencia empleos, ingresos e impuestos. Dichos impuestos podrían utilizarse   para crear un fondo para impulsar la educación y prevenir las adicciones.

El otro lado del debate es donde los costos son más altos que los beneficios, y la despenalización de la producción generaría una mayor dificultad para el gobierno para controlar la venta de sustancias ilícitas. O la misma despenalización de la producción traería como consecuencia la despenalización de la venta y esto a su vez el aumento en el consumo, incrementando los costos de salud del Estado. Lo cierto es que existen argumentos de ambos lados a favor y en contra de la despenalización de la mariguana.

En mi opinión la despenalización de drogas blandas no terminará con la violencia del crimen organizado, por lo que este no debe ser el centro del debate. Se debe analizar el tema desde una perspectiva económica y de salud pública, evaluando los beneficios que traería al país, así como los costos a futuro. Es innegable que llegó el tiempo del debate. Es momento que nuestro legisladores pongan el tema en tribuna y debatan que rumbo le conviene a México. 

Why did PRI return to power?

By Ramón I. Centeno
(The University of Sheffield)

Not so much time ago, any future PRI’s comeback seemed inconceivable. Its 2000 defeat seemed irreversible and its death, just a matter of time. So how to explain that the PRI is again on the driver’s seat after being declared terminally ill? Its return possibly signals an interrupted political continuity, which was resumed after a while... with something happening in between: a twelve-years PAN-led interregnum marked by a political earthquake that led us to the bloodshed of the War on Drugs. No doubt a new political equilibrium was reached, and a new Mexico is coming.

One is intuitively tempted to see such PRI revival through old good Marx’s lenses: “first as tragedy, then as farce.” In this sense, a new (farcical) PRI government would only be its last empirical test before its definite death. However intellectually appealing this image might be, it seems more appropriate resorting to Latin American magical realism: "When [s]he awoke, the dinosaur was still there."[i] The uncomfortable truth is that the PRI-nosaur never left though we loved to think so: and no remainder philanthropy is left in its genes. (Octavio Paz, Mexican poet, Nobel laureate on literature, defined the classic PRI’s regime as a “philanthropic ogre.”) The neoliberal version of the old ogre is here to stay.

After all, even in his years out of the Presidency, the PRI never ruled less than half of the Mexican states, and in 2012 is governing 20 out of the 32. We have finally woken up from the illusion and when the truth was becoming apparent, the student movement #YoSoy132[ii] emerged in the middle of the 2012 electoral campaign. Peña Nieto had been the unacknowledged official candidate of Televisa, the main TV broadcaster in the country. Opposing this, a new generation of activists rebelled against the capitalist monarchy in the Mexican media. (Certainly, what are the merits of Televisa’s CEO Emilio Azcárraga to lead that company? Is it he the most suitable professional to deliver information to he Mexicans? No. He is simply “the heir”, as in any kingdom that deserves decapitation.) But here, as in a sad reminder of the prevalent Mexican middle-class sensibilities -let us compare to phenomena such as Occupy Wall Street- #YoSoy132 was also a deep critique to capitalism… without noticing it: was not it a condemnation of the private property over all that, which for being part of the common interest, should not have to be owned by a single individual?

The dramatic question is: Why did PRI come back to power? Certainly not only due to failed PAN administrations. At a large extent, because they kept their presence among the popular classes, their larger-than-life expertise. Their tradition of “popular contact”, although weaker is still effective: and they have no serious opponent at this level. Reluctantly both the PAN and PRD-led coalition have tried to copy PRI’s master model. Overall, the PRI has proved the most experienced and trustable guardian of Mexican crony capitalism. This party had enough machinery to spread its promise of order as opposed to Calderón’s mess. And Televisa’s complimentary support was not insignificant at all.

If this was not enough, the day of the election there were many reports of vote buying by PRI operatives. And although it is true that the electoral system showed ineptitude to deal with these allegations, it is truer that it is worthless having a flawless electoral body if it is only destined to count corrupted ballots. Maybe the lesson is that PRI’s legacies can only be rooted out in its terrain: with “the people.” Otherwise any novel and well-intentioned democratic institutions, such as the Mexican ones, will eventually be under siege by the regime, still anchored in PRI’s traditions.

However, if one goes to “the people”… is to say what? Any answer to this question reveals how useless is supporting the ex PRI’s cadre and two-times PRD presidential candidate López Obrador whose political program can be fairly described as a utopian neoliberalism “with a human face.” And this is the other explanatory variable in regards to PRI’s reinassance: the so-called leftist PRD has consistently showed a remarkable inability to present an alternative to both neoliberalism and the war on drugs. This party has largely been reduced to parasitic politics: an attitude of “wait and see” the actions of both PRI and PAN in order to criticise them without offering anything instead. The latter is a political void that only a new left can fill. Will this happen?

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[i] This is a short tale by Augusto Monterroso.

[ii] This tag was the Internet’s identity that the participants adopted, meaning “I am the number 132”, in response to a video where 131 students defended their protest against Peña Nieto.